
Más de 160 beneficiarios de bonos del Estado que confiaron en el proyecto Techo Propio La Encalada de Pimentel en Lambayeque, se encuentran estafados. Pese a la suscripción de un contrato fideicomiso en marzo del 2008 por parte del Fondo MiVivienda-FMV, el Banco de Comercio (Bancomer), la promotora y constructora T&T, entre otros, que garantizaba la entrega de sus casas, el proyecto paralizó a fines del año 2010 y sigue detenido hasta hoy, sin recursos y sin culminar ninguna vivienda.

Policías, maestros, personal de salud, agricultores, comerciantes entre otros, quienes adquirieron sus viviendas en La Encalada entre los años 2008 y 2010 (y que debieron ser entregadas en un plazo de ocho meses), dicen estar muy afectados. Pese a cumplir con lo todo lo requerido por las instituciones involucradas, se quedaron sin casas, sin los bonos que les otorgó el Estado y sin sus ahorros, mirando un proyecto que hoy cuenta con una habilitación urbana que superaría los cinco millones de soles, inscrita a nombre del Banco de Comercio.

Los afectados reclaman la intervención de la Fiscalía Anticorrupción para determinar las responsabilidades de funcionarios e instituciones que permitieron un presunto mal uso de los recursos del Estado. De acuerdo a información del FMV, en La Encalada se desembolsaron 163 bonos familiares habitacionales, por un importe de 2 millones 775 mil, 450 nuevos soles, para cancelar viviendas construidas. Pero en el lugar, no hay una sola vivienda levantada.

Pero, ¿Qué pasó con este Techo Propio que terminó afectando al Estado y a sus beneficiarios?
En abril del 2007, la promotora T&T Inmobiliaria, Constructora y Asociados S.R.L. logró inscribir su proyecto: “Adquisición de Vivienda Nueva La Encalada de Pimentel”, ante el Comité de Registro de Proyectos Techo Propio del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento MVCS, y obtuvo el código 0117, para construir 464 viviendas de interés social en un terreno ubicado a escasos metros del óvalo del distrito de Pimentel en la región Lambayeque. Incluso su primera piedra la puso el entonces viceministro de Vivienda Jesús Vidalón Orellana y el evento se difundió por los medios de comunicación.

Luego, la oferta se redujo a 298 viviendas, que se construirían en dos etapas de 155 y 243 casas respectivamente. Para garantizar la entrega inmuebles, el Fondo MiViivenda, el Banco de Comercio-Bancomer, T&T Inmobiliaria, Constructora y Asociados SRL y dos privados (propietarios del terreno), suscribieron en marzo del 2008, un contrato de Fideicomiso, que constituyó un patrimonio conformado por: los bonos del Estado, un terreno de 5 hectáreas, créditos Techo Propio y ahorros de más ciento sesenta adquirientes, quienes firmaron todo lo que les pusieron al frente, con el anhelo de obtener la casa soñada.

El Banco de Comercio, que se había encargado de estructurar el fideicomiso, terminó siendo su administrador. También se encargó de vender los inmuebles, dar créditos Techo Propio y otorgar certificados de participación a los beneficiarios inscritos en La Encalada, quienes, confiando en los instrumentos legales que se les presentaban, esperaban con tranquilidad la edificación y entrega de sus viviendas.
Los esposos Doris Araujo Cerna y José Sánchez Cueva, recuerdan la ilusión que significó para su familia, natural de Cajamarca, adquirir un inmueble en La Encalada. Ellos vivían en Trujillo en el año 2009, cuando se enteraron de este proyecto que construiría viviendas para familias de escasos recursos, con apoyo del Estado. Con gran esfuerzo, la pareja pudo pagar la cuota inicial de 2,880.00 nuevos soles que les pidió la Promotora T&T para inscribirlos y en un plano, eligieron la ubicación de su vivienda en la manzana N, lote 24, que tendría un área construida de 34 metros cuadrados sobre un área total de 90 m2, valorizada en 28,800 nuevos soles.
Doris Araujo, maestra de escuela, había conseguido ser beneficiaría del bono de 17,750 soles otorgado por el Estado para la adquisición de la vivienda y obtuvo un crédito Techo Propio de 9,170.00 nuevos soles otorgado por el Banco de Comercio, que podía pagar en 15 años. Con esas facilidades no dudó en firmar su contrato compraventa de bien futuro, con el Bancomer, el 27 de febrero del 2009.
En noviembre del año 2010 cuando Doris, su esposo e hijos retornaron a Lambayeque, para supuestamente recibir la casa, no la encontraron lista. Peor aún, notaron que el proyecto había paralizado. Retornaron a Trujillo sin perder la esperanza de que las obras continuarían ya que se trataba de un proyecto Techo Propio registrado en el Ministerio de Vivienda, donde el Fondo MiVivienda ya había desembolsado su bono pues había un fideicomiso que garantizaba la construcción de los inmuebles. Doris y su esposo, siguieron depositando puntualmente 177 soles mensuales hasta el 2012 a una cuenta del Banco de Comercio por el préstamo otorgado, hasta que ese mismo año recibieron la inesperada noticia de que el proyecto se liquidaba y les devolverían sus aportes. Pero nunca les devolvieron nada.

“Desconocemos qué pasó, pero realmente los bonos del Estado no llegan a quienes realmente los necesitamos, fue al Banco de Comercio el que los administró. Además, como a muchos, nos quitaron nuestro dinero. Ninguno de los que conozco ha podido recuperar el dinero invertido en La Encalada”, indica José Sánchez mostrando un conjunto de vouchers de depósitos por más de cuatro mil soles, dinero del que nadie le da razón.
Juana Liliana Leyva Fernández, es otra afectada del proyecto La Encalada que pide explicaciones. Ella suscribió un contrato compra venta de bien futuro con el Banco de Comercio el 04 de agosto del 2009, luego de ser beneficiaria de un bono de 17,750 soles que nunca pasó por sus manos pues el Fondo MiVivienda fue el encargado de desembolsarlo a la cuenta del fideicomiso que administraba el Bancomer.

El inmueble adquirido por Juana era de 34 m2 en un área total de 90 m2, en la manzana N lote 7, a un costó 28, 800 nuevos soles. Como había obtenido el bono, decidió pagar con sus ahorros, los restantes 11, 050 nuevos soles, cancelar el precio total de la vivienda que necesitaba. Pero a ella tampoco le construyeron nada ni le devolvieron lo aportado.

Rosa Alvina Sifuentes Portocarrero, vive en Amazonas y el 31 de julio del 2009, hizo todos los esfuerzos para llegar a Lambayeque a suscribir su contrato compra venta. De acuerdo al documento, la vivienda que el Banco de Comercio le vendió debió ubicarse en la manzana Ñ lote 30 de La Encalada. El precio del inmueble era de 30 mil 475 nuevos soles y tendría un área construida de 34 m2 sobre un terreno de 120 m2, que debía estar listo en un plazo de ocho meses. Es decir que para abril del 2010, Rosa debía estar disfrutando de su techo propio en La Encalada pero no obtuvo nada.
Como beneficiaria de un bono del Estado de 17,750.00 nuevos soles, Rosa se endeudó con familiares y amigos y consiguió reunir los 12,725.00 nuevos soles restantes, que depositó a una cuenta del Banco de Comercio. A la fecha esta “beneficiaria”, sigue exigiendo explicaciones sobre la administración del fideicomiso Techo Propio La Encalada, que la dejó sin casa, sin bono y sin ahorros.

Roselbi Mayole Rojas Bueno, es obstetra y otra “beneficiaria” de esta historia. Ella recorre con familiaridad el terreno de La Encalada y en medio de plataformas, fierros cortados, tuberías y cajas de agua y desagüe, nos conduce indubitable a la manzana Ñ lote 16, donde según el contrato que trae en sus manos debió estar su vivienda hace una década.
Recuerda que en el 2008, el Estado le otorgó un bono de 13, 400 nuevos soles para La Encalada y ella aportó 3,050 soles como cuota inicial “tuve que juntar mi sueldo de cuatro meses para cumplir con ese pago, además estuve pagando durante un año el crédito que me otorgó el Banco de Comercio, pero no obtuve nada”.
Dice que en el 2015, viajó a Lima y en el Banco de Comercio le indicaron que por problemas administrativos, se iba a subastar el terreno de La Encalada y que le devolverían su dinero, pero hasta la fecha, nada. “El FMV no se manifiesta ante esta estafa, ante esta burla que nos hicieron. Somos varios beneficiarios que seguimos esperando. Yo acá invertí mis ahorros, acá desembolsaron mi bono, y no tengo nada, así que ojalá se pueda hacer algo”, refiere esperanzada.

Eladis Dávila Saavedra, es otra afectada de La Encalada, pero a diferencia de Roselbi, ya no cree en nadie. Nos cuenta que desde el 2012, varios “beneficiarios” acudieron a congresistas, funcionarios del Fondo Mivivienda y hasta a ministros de Vivienda, pidiendo una salida oportuna para cientos de familias que confiaron en Techo Propio, pero se estrellaron con la indiferencia absoluta.
Recuerda que en noviembre del 2014, perdiendo un día de trabajo, ella misma acudió ante la Comisión de Vivienda del Congreso de la República que sesionó en Chiclayo y denunció la estafa de la que eran víctimas beneficiarios de bonos del Estado, pero nadie le hizo caso.
Eladis tiene muchos documentos que, según pensaba, le garantizaban la entrega de su casa pero nada. “Me entregaron hasta un Certificado de Participación que tiene el logo del Banco de Comercio, pero sin firma, sello y ni reclamé…confiada en que estaba en manos de instituciones serias y por la ilusión de tener mi casa”, refiere.

Sin freno
“Uno se siente como una hormiga porque las grandes empresas hacen y deshacen y no hay nadie que los frene”, nos dice Iván Núñez Gonzales, uno de los más de treinta policías beneficiaros de bonos del Estado, que adquirieron un inmueble en La Encalada y que viene pagando hace diez años el préstamo que le otorgó el Fondo de Vivienda Policial-FOVIPOL para financiar la casa que nunca le construyeron.
Iván nos cuenta que, tras esperar varios años la entrega de su inmueble, en el 2012 tomó posesión del lote 2 de la manzana L, que le vendió el Bancomer, y que construyó con sus recursos. Sin embargo hasta la fecha no puede inscribir el inmueble en la Superintendencia de los Registros Públicos SUNARP, pues la titularidad de la habilitación urbana de La Encalada la tiene aún el Banco de Comercio. Además existe una condición suspensiva en su contrato compra venta que indica que el bien inmueble debe tener inscrita la declaratoria de fábrica, la independización, entre otros. Trámites que debió realizar la constructora una vez concluyera las casas y entregara el proyecto.

Según Iván, dada la gravedad de los hechos ocurridos en La Encalada, instituciones como la Fiscalía Anticorrupción, deberían entrar de oficio a revisar el caso, considerando que se invirtieron bonos del Estado y ahorros de beneficiarios que nunca recibieron nada.

Sin fiduciario, constructor, ni recursos
Sin pantimedias solicitó una entrevista con el actual Gerente General del Fondo MIVivienda, Bruno Novella Zavala, quien aceptó responder un cuestionario de preguntas que enviamos el 22 de junio, pero hasta el cierre de este informe, no había respuestas. Según nos informaron en la Oficina de Prensa del FMV, el cuestionario estaba pasando por diversas áreas.

A través de un pedido de información por Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Gerencia de Proyectos Inmobiliarios y Sociales del Fondo MiVivienda, nos informó que el Banco de Comercio ya no es el administrador del fideicomiso Techo Propio La Encalada pues renunció en el año 2016 y que no hay dinero en la cuenta que administró.
Pese a que han transcurrido más de cuatro años desde la renuncia del Bancomer, llama la atención que aún el Fondo MiVivienda no cuente con un nuevo fiduciario que pueda concluir el proceso de liquidación iniciado el 2012.

A falta del Fiduciario Bancomer y con la respuesta pendiente del FMV, intentamos buscar la versión de T&T Inmobiliaria, Constructora y Asociados SRL, (también firmante del fideicomiso), pero donde antes quedaba su local, ya nadie nos da razón. En búsqueda en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT, nos enteramos que se encuentra no habida y con baja de oficio.

Las familias afectadas de Techo Propio La Encalada, pidieron la intervención de la Contraloría General de la República y la Fiscalía Anticorrupción, pues en el proyecto se invirtieron bonos del Estado que no cumplieron la finalidad de financiar la construcción de viviendas para personas de bajos recursos. «Aún no sabemos quién realmente se benefició de ese fideicomiso, ni cómo se gastó el dinero que hubo. Se debe investigar esos convenios que engañan a la población y que benefician a las grandes empresas”, dijeron.

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